Alperi y otros tres acusados por fraude fiscal serán juzgados en mayo

El juicio por delitos fiscales y cohecho contra el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi (PP) y otros tres acusados se celebrará en once sesiones diarias entre el 7 de mayo y el 1 de junio del próximo año. Así consta en la resolución del juzgado de lo Penal número 6 de dicha ciudad, que ha sido hecha pública este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El titular del juzgado, Eugenio Alarcón, ha convocado previamente a las partes a una vista previa que podría celebrarse el próximo 22 de febrero para debatir la recusación de dos peritos de Hacienda realizada por la defensa de Díaz Alperi, según han precisado otras fuentes jurídicas. La fiscalía pide provisionalmente para el también exdiputado autonómico del PP penas que suman nueve años y nueve meses de cárcel como presunto autor de tres delitos contra la Hacienda Pública cometidos en 2007, 2008 y 2010, así como por un delito de cohecho impropio, por el amarre gratuito de su embarcación en el puerto deportivo de la ciudad. Caso Brugal Además de este juicio, Díaz Alperi se encuentra procesado en una causa derivada del 'caso Brugal' por supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU). La vista contra el ex primer edil y los otros tres procesados -los empresarios Antonio Solana y Antonio Moreno, y el responsable del puerto deportivo Javier Palacio- por el presunto fraude tributario se iniciará el próximo 7 de mayo con una vista reservada para cuestiones previas de índole procesal. En esa sesión los abogados defensores podrán plantear la posible prescripción de los delitos enjuiciados, entre otras cuestiones, y el juicio no se reiniciará hasta el 21 del mismo mes, según el señalamiento del juzgado. Entre el 21 de mayo y el 1 de junio se celebrarán diez sesiones más, que incluirán ya el interrogatorio de los acusados y las declaraciones de testigos y peritos. El juez ha previsto esta duración "con motivo de la complejidad de la materia" que debe juzgarse y el número de partes personadas (personas jurídicas y la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en nombre de Hacienda) y pruebas propuestas.

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