El truco de Jordi Turull para recuperar el pasaporte que el Supremo le había retirado

Jordi Turull cuando era conseller de la presidencia de la Generalitat. REUTERS/Gonzalo Fuentes

El exconseller de Presidencia Jordi Turull acudió a una comisaría de la policía nacional de Barcelona para pedir renovar el pasaporte, al tener caducado el anterior, apenas horas después de que el Tribunal Supremo se lo retuviera para dejarlo en libertad bajo fianza.

Según han informado a EFE fuentes conocedoras de los hechos, después de abandonar la cárcel, bajo una fianza impuesta por el juez del Tribunal Supremo, el exconseller intentó solicitar un nuevo pasaporte en la comisaría de la calle Trafalgar de Barcelona, sin lograr que se tramitara su expedición dado que los funcionarios le advirtieron de que tenía el documento retenido judicialmente.

Turull tenía cita expedida por la policía nacional para renovar el pasaporte, que le había caducado, según ha demostrado documentalmente su defensa ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que el pasado lunes acordó dejarlo en libertad bajo fianza de 100.000 euros en la causa en la que lo investiga por rebelión.

Fue la propia policía quien puso en conocimiento del magistrado el intento infructuoso de Turull de renovar su pasaporte, pese a que le había sido retenido para impedirle abandonar territorio nacional por orden del juez instructor.

No procede la expedición de pasaporte, al haberse acordado por auto de este instructor la retirada del mismo.Pablo Llarena

En una providencia notificada hoy, a que ha tenido acceso EFE, el juez del Supremo advierte a la policía de que “no procede la expedición de pasaporte” a Jordi Turull, “al haberse acordado por auto de este instructor del pasado 4 de diciembre la retirada del mismo”.

El juez indica a la policía nacional que tampoco debe expedir pasaportes a los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Carles Mundó, que como Turull quedaron en libertad el pasado lunes tras permanecer algo más de un mes en prisión preventiva.

Ante la noticia del intento de Turull de hacerse con un nuevo pasaporte, la acusación popular que ejerce VOX en la causa contra el Govern cesado y la Mesa del Parlament ha anunciado que presentará un escrito para que se vuelva a detener y a enviar a prisión al exconseller de Presidencia.

Según sostiene esta acusación popular en un comunicado remitido esta tarde a los medios, la actitud de Jordi Turull “constata el riesgo y la voluntad de fuga” del exconseller.

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El Supremo retira las órdenes internacionales de detención contra Puigdemont y los exconsejeros huidos

El juez Pablo Llarena ha acordado retirar las Ordenes Europeas de Detención dictadas contra Carles Puigdemont y los exconsellers Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí y que se comunique su decisión a las autoridades belgas, han informado fuentes del Tribunal Supremo.

Llarena considera que se deben retirar las órdenes europeas que emitió la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela porque está investigando “un delito de naturaleza plurisubjetiva dotado de unidad jurídica inseparable”, lo que requiere una única contestación para evitar respuestas contradictorias.

Es decir, expone que, con posterioridad a que se emitieran las órdenes de detención, “se ha definido que los hechos pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable”.

Por ello, “la depuración de las distintas responsabilidades penales deba ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes”, ha argumentado.

PUIGDEMONT DESCARTA VOLVER

Por su parte, Puigdemont descarta regresar a España, según han informado a Europa Press fuentes de su defensa. El equipo de abogados estudia ahora en detalle el auto dictado por el juez y las consecuencias que pueda tener en la situación de Puigdemony y de los cuatro exconsellers que le acompañaron en la huida a Bélgica.

“Es un tema muy serio como para improvisar”, explicaban fuentes de su equipo jurídico al poco de hacerse público el giro dado por el Tribunal Supremo respecto a las euroórdenes dictadas anteriormente por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Así han descartado un regreso inmediato en el sentido de que la noticia no cambia la intención inicial de los cinco políticos de continuar en Bruselas durante la campaña electoral, si bien todo dependerá del análisis en profundidad de lo sucedido.

Uno de los abogados belgas del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Paul Bekaert, ha asegurado que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena “teme que una decisión en Bélgica plantee diferencias inaceptables” con respecto a los casos juzgados en España y que afectan al resto del exGovern, en prisión preventiva.

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Llarena deja en prisión a Junqueras, Forn y ‘los Jordis’

Junqueras, en la Audiencia Nacional

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido dejar en prisión al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, al exconseller de Interior Joaquim Forn y a los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y fijar fianzas de 100.000 euros para los otros seis exconsellers.

El juez considera que no hay riesgo de fuga, pero sí aprecia riesgo de reiteración delictiva en el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart.

A su juicio, “sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”.

Los otros seis (los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolores Bassa, Meritxell Borrás, Josep Rull y Jordi Turull) podrán salir de prisión si pagan 100.000 euros de fianza, pero les imponen comparecencias semanales en el TSJ de Cataluña o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, la prohibición de abandonar el país y la retirada de pasaporte.

El magistrado ha citado a las partes a las 9.00 horas de este lunes para comunicarles la decisión que ha adoptado después de que el pasado viernes les tomase declaración para estudiar la situación personal de cada uno de ellos. De este modo, el juez Llarena no ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox de mantenerles en prisión.

En relación con el riesgo de fuga, Llarena lo descarta porque cuentan con un profundo arraigo personal, laboral y social, así como disposición para atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora.

No obstante, considera que la situación de los exconsellers y de los líderes de ANC y Ómnium es similar a la que apreció en el caso de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, en cuanto que su aportación al delito se situaría en principio en un plano de principalidad equivalente al que ofrecía el comportamiento de la presidenta Carme Forcadell.

“LESIVIDAD” DE SUS APORTACIONES AL ‘PROCÉS’, “EXPLOSIÓN VIOLENTA”

Sin embargo, respecto a la reiteración delictiva, el magistrado distingue entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, cuya aportación se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado, y la actuación de los 10 querellados, en los que el juez aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva, por la “lesividad” que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones.

El juez individualiza las actuaciones de los querellados y, en el caso de Junqueras, Forn, Sanchez y Cuixart, entiende que “sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”.

En ese sentido, recuerda varias actuaciones violentas como el “asedio” por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consejería catalana de Economía en Barcelona.

“El riesgo de reiteración de sus conductas -añade el magistrado- impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física”, expone el auto.

En estos cuatro investigados, concluye Llarena, el riesgo de reiteración delictiva “refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad”.

EL JUEZ QUIERE CONSTATAR SI EL CAMBIO DE VOLUNTAD ES “VERDADERO Y REAL”

El peligro, según el juez, no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de evaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, “sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”.

Los exconsejeros se encuentran en prisión provisional desde el pasado 2 de noviembre, día en el que declararon ante la juez instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela como investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Los representantes de las asociaciones catalanas están encarcelados desde el 16 de octubre, cuando, también, comparecieron ante la misma magistrada, pero por el delito de sedición, en relación a los acontecimientos que tuvieron lugar el 20 y 21 de septiembre ante la Consejería de Economía de la Generalitat en Barcelona.

Una vez que el magistrado del Tribunal Supermo decidió acumular todas las causas abiertas por el ‘procés’ -dejando sólo en la Audiencia Nacional las actuaciones del que fuera mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana, investigados por los mismos hechos que Sànchez y Cuixart- los querellados solicitaron declarar para convencer al magistrado del supremo para que modificara estas medidas cautelares y les dejara en libertad, aunque sus respectivas manifestaciones del pasado viernes han sido valoradas de forma diferente por el juez.

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Llarena deja en prisión a Junqueras, Forn y ‘los Jordis’

Junqueras, en la Audiencia Nacional

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido dejar en prisión al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, al exconseller de Interior Joaquim Forn y a los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y fijar fianzas de 100.000 euros para los otros seis exconsellers.

El juez considera que no hay riesgo de fuga, pero sí aprecia riesgo de reiteración delictiva en el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart.

A su juicio, “sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”.

Los otros seis (los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolores Bassa, Meritxell Borrás, Josep Rull y Jordi Turull) podrán salir de prisión si pagan 100.000 euros de fianza, pero les imponen comparecencias semanales en el TSJ de Cataluña o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, la prohibición de abandonar el país y la retirada de pasaporte. La ANC abonará este mismo lunes el dinero con cargo a la caja de la solidaridad.

El magistrado ha citado a las partes a las 9.00 horas de este lunes para comunicarles la decisión que ha adoptado después de que el pasado viernes les tomase declaración para estudiar la situación personal de cada uno de ellos. De este modo, el juez Llarena no ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox de mantenerles en prisión.

En relación con el riesgo de fuga, Llarena lo descarta porque cuentan con un profundo arraigo personal, laboral y social, así como disposición para atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora.

No obstante, considera que la situación de los exconsellers y de los líderes de ANC y Ómnium es similar a la que apreció en el caso de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, en cuanto que su aportación al delito se situaría en principio en un plano de principalidad equivalente al que ofrecía el comportamiento de la presidenta Carme Forcadell.

“LESIVIDAD” DE SUS APORTACIONES AL ‘PROCÉS’, “EXPLOSIÓN VIOLENTA”

Sin embargo, respecto a la reiteración delictiva, el magistrado distingue entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, cuya aportación se limitó a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado, y la actuación de los 10 querellados, en los que el juez aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva, por la “lesividad” que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones.

El juez individualiza las actuaciones de los querellados y, en el caso de Junqueras, Forn, Sanchez y Cuixart, entiende que “sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”.

Pueden reproducirse actos con graves consecuencias

En ese sentido, recuerda varias actuaciones violentas como el “asedio” por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consejería catalana de Economía en Barcelona.

“El riesgo de reiteración de sus conductas -añade el magistrado- impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física”, expone el auto.

En estos cuatro investigados, concluye Llarena, el riesgo de reiteración delictiva “refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad”.

EL JUEZ QUIERE CONSTATAR SI EL CAMBIO DE VOLUNTAD ES “VERDADERO Y REAL”

El peligro, según el juez, no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de evaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, “sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”.

Los exconsejeros se encuentran en prisión provisional desde el pasado 2 de noviembre, día en el que declararon ante la juez instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela como investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Los representantes de las asociaciones catalanas están encarcelados desde el 16 de octubre, cuando, también, comparecieron ante la misma magistrada, pero por el delito de sedición, en relación a los acontecimientos que tuvieron lugar el 20 y 21 de septiembre ante la Consejería de Economía de la Generalitat en Barcelona.

Una vez que el magistrado del Tribunal Supermo decidió acumular todas las causas abiertas por el ‘procés’ -dejando sólo en la Audiencia Nacional las actuaciones del que fuera mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana, investigados por los mismos hechos que Sànchez y Cuixart- los querellados solicitaron declarar para convencer al magistrado del supremo para que modificara estas medidas cautelares y les dejara en libertad, aunque sus respectivas manifestaciones del pasado viernes han sido valoradas de forma diferente por el juez.

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El juez Llarena decidirá el lunes si deja en libertad a Junqueras, los exconsellers y los ‘Jordis’

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena no dará a conocer hasta el próximo lunes si modifica o no la medida de prisión provisional que pesa desde el pasado 2 de noviembre sobre el exvicepresidente Oriol Junqueras y los otr…

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Junqueras acata el 155 y promete al Supremo actuar desde “el diálogo”

El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el resto de exconsellers de ERC encarcelados desde el pasado 2 de noviembre han remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Aunque afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, señalan que las defenderán por “las vías del diálogo y la negociación”.

En el escrito presentado al nuevo instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en la que están imputados, la defensa de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa asegura que todos “aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica”.

Asimismo, explica que “no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña”.

Eso sí, los exconsellers recuerdan que “ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva”, y en el caso de que “en el futuro” volvieran a ostentar algún cargo público “están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación”.

DE CARA A LA CAMPAÑA ELECTORAL

Junqueras y los exconsellers de ERC argumentan también su condición de candidatos a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, “a diferencia” de cuando fue ordenada la prisión, en las listas de un partido que, según remarcan, es “una organización legal, como legales son sus fines”.

“Ahora mis mandantes son actores políticos de un proceso electoral y en condiciones normales tendrían derecho a participar de los actos de campaña, así como tendrán derecho a ejercer la representación política de los ciudadanos si resultasen escogidos, circunstancia que no se aventura improbable dada su posición en las listas electorales”, explica su defensa.

A su juicio, los candidatos a unas elecciones “tienen el derecho a que se respete su reputación y que su imagen sea tratada de tal forma que no se influya en el proceso electoral ni se estigmatice de forma indebida su programa político”, por lo que piden al juez del Supremo que valore este “nuevo elemento” que no pudo tener en cuenta la magistrada de la Audiencia Nacional cuando les envió a prisión porque entonces no eran candidatos, algo que “necesariamente debe influir” para decidir si mantener o no la medida cautelar.

LOS EXCONSELLERS DEL PDECAT Y JORDI SÁNCHEZ PIDEN COMPARECER

También los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, han pedido también comparecer ante el magistrado del Tribunal Supremo y solicitan su excarcelación al entender que no se cumplen ninguno de los supuestos de la prisión preventiva decretada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Así lo ha formulado su letrado en un escrito presentado en el alto tribunal en el que también reivindica, en el caso de los exconsejeros encarcelados del PDeCAT, que se anule la fianza de 6,2 millones de euros impuesta por la juez Lamela contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus 13 exconsejeros.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acordó el ingreso en prisión de los exmiembros del gobierno catalán el pasado 2 de noviembre por los delitos de sedición, rebelión y malversación. La magistrada hizo lo propio con Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium) el 16 de octubre por el delito de sedición en relación con los incidentes del 20 y 21 de septiembre en Barcelona por las detenciones relacionadas con la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre.

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El Supremo asume la causa contra el Govern cesado y los líderes de ANC y Ómnium

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido asumir la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont, los exconsellers del Govern y los líderes de ANC y Òmnium por posibles delitos de rebelión, sedición y malversación en el proceso independentista, han informado fuentes jurídicas.

Llarena ha tomado hoy esta decisión, con lo que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela a partir de ahora seguirá investigando solo a los mossos d’Esquadra, incluido al antiguo mayor Josep Lluís Trapero, así como a otros miembros del Govern de categoría inferior a los consellers que pudieran ser investigados en el futuro.

En manos del Supremo ya estaba la causa contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa.

LAMELA, A FAVOR DE UNIR LAS CAUSAS

El pasado miércoles se conoció que Lamela era favorable a la acumulación de todas las causas abiertas por rebelión porque se está investigando a los miembros de “una compleja organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario”.

Este era el sentido del informe que la juez de la Audiencia Naciona remitía al Tribunal Supremo, a petición del magistrado Llarena, en relación la posible acumulación de las causas abiertas.

La juez entendía que los delitos investigados son conexos y si se escindiera la causa dificultaría enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados.

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