Nueva condena a la Generalitat por las subvenciones a guarderías

La justicia vuelve a señalar a la Generalitat como culpable por haber dejado de lado el gasto en la financiación de las guarderías públicas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado al gobierno catalán a pagar otros 16 millones de euros por las subvenciones no recibidas por alumno y año de entre los cursos de 2012 y 2015 que correspondían a 26 municipios catalanes, que llevaron el recorte de las aportaciones a los tribunales bajo una demanda conjunta a través del Foro de Alcaldes por la Educación de Cataluña. El fallo, q ue va contra la consejería de Enseñanza de la Generalitat y que es recurrible, llega casi un mes después de que los jueces dieran la razón por la misma cuestión a los ayuntamientos de Cornellà de Llobregat y L’Hospitalet de Llobregat, que recurrieron por su cuenta los recortes sufridos. Tarrasa, Sabadell, Sant Joan Despí o Esplugas de Llobregat también tramitaron los recursos por su cuenta y recibieron un fallo favorable. El último caso, conocido ayer, afecta a más de una veintena de municipios como Santa Coloma de Gramenet, Lérida, Viladecans o Tarragona. Todos ellos presentaron un recurso contencioso administrativo conjunto. La sentencia reconoce a los ayuntamientos el derecho a percibir la cantidad de 1.300 euros por alumno y año en los tres cursos que refería a la demanda e insta a concretar en cada municipio la compensación correspondiente. Además, deja en el aire el derecho a los intereses respecto a los cursos siguientes a 2015. «Razón al mundo local» La noticia fue muy bien recibida por los consistorios implicados. Lérida, por ejemplo, calcula que recibirá unos 1,32 millones de euros por las plazas de sus 18 guarderías municipales que dejaron de recibir la prestación. Por su parte, la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, que forma parte del foro y que ya obtuvo la sentencia favorable en diciembre, destacó que el fallo «da la razón al mundo local» y lamentó que el recorte «ha obligado a algunos ayuntamientos a cerrar plazas de guardería y, en otros, a asumir el sobrecoste de estas plazas para no perjudicar a las familias». El caso sigue especialmente abierto tras estas nuevas sentencias. Por un lado, porque municipios que no decidieron llevar a los tribunales los incumplimientos se están animando a hacerlo ahora, y más viendo los fallos favorables. Además, la demanda se centraba en los cursos 2012-2015 y los implicados creen que también pueden pedir compensaciones por los importes no percibidos desde entonces.

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